sábado, 1 de noviembre de 2008

El Supuesto de la falta de legitimidad representativa y la consecuencia jurídica de él derivada.


SUMILLA: En el presente artículo se analiza el supuesto de la Falta de Legitimación Representativa, y la consecuencia jurídica de él derivada, para poder realizar el presenta trabajo, navegamos sobre temas como El Ejercicio Norma del Representación y El Ejercicio Anormal de la Representación, aspectos fundamentales para determinar si la sanción del Negocio Jurídico celebrado en exceso de las facultades o violando las facultades otorgadas en el poder de representación es un supuesto de invalidez o de ineficacia en sentido estricto.

El supuesto de la falta de legitimación representativa y la consecuencia jurídica de él derivada

Sumario: 1. Planteamiento del problema. 2. La representación y el concepto de Legitimación. 3. El poder de representación. 4. Requisitos de la representación. a. El poder de representación. b. Actuación en nombre del representado. 5. El ejercicio normal del poder de representación. 6. El ejercicio anormal del poder de representación. 6.1. Exceso en los límites de las facultades conferidas. 6.2. La violación de las facultades conferidas. 6.3. La ausencia de la representación o poder. 7. Efectos del ejercicio anormal del poder de representación. 7.2 Efectos del ejercicio anormal de la representación. 8. La ratificación y la confirmación. 9. Análisis de la Jurisprudencia. 10. Conclusiones.
Luis Manuel Castillo Luna*

El supuesto de la falta de legitimación representativa y la consecuencia jurídica de él derivada*

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En línea de principio la autonomía Privada es libertad individual, por ella, se concede al sujeto de derecho la posibilidad de decidir y gobernar sobre su esfera jurídica, en otros términos, el ordenamiento jurídico en su conjunto dota a los particulares de un poder para celebrar negocios jurídicos[1], lo que significa la posibilidad de que dispone el individuo para crear, regular, modificar o extinguir, por sí y en interés suyo, la más amplia gama de relaciones jurídicas; las cuales tendrán eficacia y validez, siempre y cuando no sean contrario al orden público, las normas imperativas y las buenas costumbres[2].

Sin embargo suele suceder que, por diferentes circunstancias una persona no se encuentre en posibilidad de celebrar o simplemente no quiera culminar de manera directa un determinado negocio, de modo que haciendo uso de su autonomía privada, legitima a un tercero para que en su nombre e interés, declare su voluntad, así nace la institución de La Representación, que en una manera amplia de verla constituye el simple actuar de una persona por otra y que permite la sustitución en la actividad negocial de un sujeto por otro.

La representación supone por un lado, la presencia de un representante, quien es el que declara voluntad de manera directa, celebrando un determinado negocio jurídico en nombre de otro, es decir obra en nombre de otro - el representado - y, por otro lado o si se quiere en el otro extremo de la relación representantiva, la presencia de un representado a cuyo nombre se obra e indiscutiblemente a quien los efectos jurídicos del acto celebrado por su representante inciden en su patrimonio; nótese claramente, que quien legitima, autoriza y permite la actuación jurídico negocial del representante es el representado, a través de un negocio jurídico unilateral denominado el poder de representación, en el cual se recogen los límites y las facultades de la representación, de modo que el ejercicio normal del representante se produce cuando éste se mantiene dentro de los límites temporales y facultades conferidas, pero además actúa en interés, en nombre y representación del representado (contemplatio domini), lo contrario conlleva a la denominada falta de legitimidad representativa o ejercicio anómalo de la representación.

Pese a la extraordinaria importancia y relevancia jurídica que reviste la figura de la Representación, y específicamente su Ejercicio Anormal, su tratamiento a través del formante jurisprudencial no guarda correspondencia con la legislación y doctrina, debido a que nuestra judicatura desde hace mucho tiempo atrás ha venido, en el supuesto de la falta de legitimidad representativa, declarando que se trataría de un acto que adolece de ineficacia estructural o lo que es lo mismo un acto inválido, sancionándolo una veces con nulidad y otras con la anulabilidad, en este último supuesto equiparan la figura de la ratificación (artículo 162 c.c.), con la confirmación del acto jurídico anulable ( artículo 230 c.c.), instituciones que son totalmente distintas y disimiles.

Expuesto el problema, el presente artículo pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿Qué se entiende por la falta de legitimación representativa?
- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la ratificación por el representado, del ejercicio anómalo del poder de representación y cual es la naturaleza jurídica de la confirmación del acto anulable?
- ¿Cuál es la consecuencia jurídica derivada de la falta de legitimidad representativa?

2. LA REPRESENTACIÓN Y EL CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN:

Como sustentamos al exponer el planteamiento del problema La Representación en una manera amplia de verla, se configura como la actuación de una persona por otra, y desde un punto de vista jurídico y obviamente mucho más restringido, es definida en el sentido que, los actos de autonomía privada pueden ser celebrados personalmente por el interesado o sujeto titular o pueden también ser celebrados por otro sujeto en nombre e interés del representado.

Respecto a la representación Larenz, refiere: “La naturaleza” o significado jurídico de la representación consiste, según esto, en que el representante celebra “en lugar del representado” un negocio jurídico para éste, el cual es considerado, respecto a sus efectos jurídicos, como un negocio del propio representado. El representante concluye, ciertamente, el negocio, pero no como propio, sino como negocio de otro, que es el representado por aquél.[3]

Otra doctrina define a la representación como: “…una figura jurídica propia del derecho del negocio jurídico. Los negocios jurídicos pueden ser celebrados por medio de otro, el representante, de manera que la declaración de voluntad que éste emite dentro del poder de representación que ostenta es eficaz a favor y en contra del representado.[4]

Ambas definiciones, aluden, como notas características de la representación las siguientes:

Que, el negocio celebrado por el representante es negocio del representado,
b. Como obvia consecuencia, los efectos del negocio se producen en la esfera del representado.

Ello es así siempre que el representante celebre el negocio jurídico dentro de los límites y facultades que le han sido concedidas, puesto que, no cabe duda que es un negocio del representado y por tanto es eficaz respecto de éste, en otras palabras produce efectos en su esfera patrimonial; por otro lado, el por qué, el negocio celebrado por un determinado sujeto afecta una situación jurídica de otro, se explica en el sentido, que dicho sujeto tiene respecto del otro una determinada posición o competencia, así surge el concepto de legitimación.

Respecto a la legitimación, Bianca citado por Morales Hervias, manifiesta que la legitimación, como requisito de eficacia, es el “poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica “La legitimación contractual es, más precisamente, el poder de la parte de disponer del objeto del contrato. Puede decirse, así, que la parte tiene la legitimación contractual si tiene el poder de determinar los efectos jurídicos previstos por el contrato.[5]

Teniendo en cuenta el concepto de legitimación Diez Picazo, define la representación como la “concesión de un poder de legitimación a una determinada persona para que obre en interés y por cuenta de otra.[6]

Tanto para Messineo como para Betti, los conceptos de legitimación y competencia son cercanos, pues definen la legitimación como competencia, por ejemplo Betti, refiere que la legitimación es la “competencia para alcanzar o soportar los efectos jurídicos de la reglamentación de intereses ha que se ha aspirado.”

Entiéndase entonces que la legitimación es la competencia que ostenta una persona para disponer de una situación jurídica determinada y es además la idoneidad para producir efectos jurídicos; la competencia puede ser originaria como en el caso del propietario que dispone del bien o derivada como en el supuesto del representante que transfiere una determinada posición jurídica de su representado.

Finalmente, y como bien señala Morales Hervias, “la consecuencia jurídica en el caso de que falte la legitimación será la ineficacia y no la invalidez.[7]” Tema que por cierto estudiaremos dentro de los efectos de la falta de legitimidad representativa.

3. EL PODER DE REPRESENTACIÓN:

En principio, es necesario comprender que el otorgamiento de la representación es un acto de autonomía privada, al cual la doctrina ha denominado apoderamiento, acto de apoderamiento o poder de representación, este último término es el que utilizaremos en el presente artículo.

El vocablo poder en materia de representación, reúne varios significados, por u lado viene a constituir un conjunto de facultades que el representado confiere al representante y que puede o no hacer constar documentalmente, también sirve para designar el documento en el cual consta realmente el poder de representación; además el término ha sido utilizado para referirse al negocio jurídico por medio del cual una persona otorga facultades representativas a otra, sin tener en cuenta si ese negocio jurídico está o no fijado documentalmente; finalmente se ha designado al poder para referirse a la posibilidad que tiene el representante para influir con sus actos en la esfera de actuación jurídica del representado.

Respecto del poder como documento, éste resulta irrelevante a efectos de la investigación aquí planteada, en cambio el poder como conjunto de facultades constituye en si “El Poder de Representación”, y en ese único sentido es que utilizamos dicho término.

Al respecto Wemer Flume, define al poder de representación como “…. el poder de crear reglas jurídico-negociales para otro, por medio de una actuación en su nombre si nos atenemos más a la terminología de la Ley, entonces podemos decir que es el poder de emitir o recibir declaraciones de voluntad por y en lugar de otro, en la inteligencia de que la regla jurídico-negocial lo sea del representado y no del representante.[8]

Para Karl Larenz, “…el poder de representación, significa, como hemos visto, la facultad o poder jurídico del representante de producir efectos jurídicos en la esfera jurídica del representado, con resultados para éste, mediante la conclusión de negocios jurídicos en su nombre.[9]

El autor citado señala además que el poder de representación halla su fundamento en la relación jurídica existente entre el representado y el representante, del cual resulta su finalidad y la obligación del representante de emplear ese poder jurídico en un determinado sentido.

Es importante dejar establecido que la actuación jurídico negocial del representante, tendrá su raíz en el poder de representación, entendido siempre como un conjunto de facultades que han sido conferidas por el representado a favor del representante, en puridad, el poder de representación es el acto que otorga legitimidad y competencia al representante.

4. REQUISITOS DE LA REPRESENTACIÓN:

Previamente se requiere que un determinado ordenamiento jurídico reconozca la posibilidad de actuar en representación de otro y con efecto para éste, el Código Civil peruano de 1984 disciplina la figura de la representación y la contempla en el artículo 145 que dispone.

“Artículo 145.- El acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley.
La facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la Ley.”

La norma además de reconocer la institución de la representación, señala que la misma tiene su origen en la voluntad del interesado o la confiere la Ley, de modo que a lado de la representación voluntaria tenemos la representación legal, sobre está última no nos pronunciamos puesto que no alcanza para el desarrollo del presente artículo.

Sin embargo, no basta que La Representación se encuentre regulada en nuestro ordenamiento, sino que además es necesario que concurran además los siguientes requisitos:

El poder de representación;
b. Actuación en nombre del representado y por cuenta de este

4.1 El poder de representación

Al cual ya hicimos referencia líneas arriba, y conciliamos que en puridad es entendido como el conjunto de facultades que legitiman la actividad del representante, y además de ello se constituye como un requisito necesario, puesto que no existe representación si no hay un poder de representación, y es que en puridad, mediante el se autoriza y legitima la actividad del representante.

Sin el poder de representación, sea por que falta totalmente o no existe, o aún existiendo se sobrepasan los límites y se violan las facultades concedidas, el representante no puede celebrar un determinado negocio jurídico en nombre del representado, y si aún así lo celebrase, no produciría efectos jurídicos en la persona del representado.

Weber Flume nos dice “ En el otorgamiento jurídico negocial del poder de representación este puede estar limitado en su contenido de modo que el representante sólo tenga poder para realizar el negocio, con eficacia para el representado, si lo hace con el contenido fijado por éste, o bien abstenerse de realizarlo.[10]

Así queda sustentada la importancia del poder de representación.

4.2 Actuación en nombre del representado

A este requisito se refiere el artículo 164 del Código Civil que a la letra dice:

“Artículo 164.- El representante está obligado a expresar en todos los actos que celebre que procede a nombre de su representado y, si fuere requerido, a acreditar sus facultades”. (el subrayado no corresponde al texto original).

El que el representante señale que actúa en nombre de otro, se denomina contemplatio domini, que como afirma Albadejo “pone acertadamente de relieve que se quiere el negocio, no para sí, sino para aquél, y que para ello, se desenvuelve la actividad negocial teniéndolo presente (contemplándolo)[11]”.

La denominada contemplatio domini sirve para revelar al tercero que el negocio jurídico no es para el sino para su representado, y por tanto advierte al tercero que los efectos jurídicos del acto así celebrado solamente beneficiaran o perjudicaran a su representado y no a él.

Sobre el tema, Aníbal Torres Vásquez señala, con criterio que compartimos, que “…el poder está destinado al representante y al tercero con quien aquél celebra el acto representativo, pero el tercero toma conocimiento de la existencia del poder gracias a la contemplatio domini.[12]” (el subrayado no corresponde al texto original)

El artículo 164 del Código Civil, que citamos líneas arriba, nos permite apreciar además que el representante, si fuera requerido se encuentra obligado a acreditar sus facultades, dicho de otra manera el tercero que celebra el negocio jurídico con el representante, una vez que éste le comunique que obra en nombre de otro o por efecto de la contemplatio domini, puede requerirlo para que le exhiba el poder de representación o poder representativo, con el objeto claro está, de conocer los alcances, facultades e incluso su vigencia, así este requisito se instituye como un mecanismo de publicidad respecto del tercero, de modo que éste toma conocimiento que el negocio jurídico que celebra lo vincula con el representado.

5. EL EJERCICIO NORMAL DEL PODER DE REPRESENTACIÓN

Si bien es cierto, el representante no se halla vinculado a la representación que se le ha otorgado, en tanto la representación o poder representativo es un negocio jurídico unilateral y recepticio, sin embargo, no es menos cierto, que si el representante ejercita el poder de representación, es decir acepta el otorgamiento de la representación, surge la relación jurídica representativa, empero, en el ejercicio de la representación el representante tiene el deber de:

a. Obrar dentro de los límites del poder,
b. Atenerse a las instrucciones del representado o actuar dentro de las facultades que se le han otorgado.

En opinión que compartimos – respecto a los efectos que se le atribuyen a la representación válida – conviene citar a Karl Larenz, quien señala, “Si el representante actúa en nombre del representado y en el ámbito de su poder de representación, los efectos jurídicos del negocio por él celebrado son válidos, no para él, sino para el representado[13]".

Nos queda claro, que el ejercicio normal del poder de representación se presenta cuando el representante desarrolla su actividad dentro de los límites formales del poder y cuando la actuación del apoderado, tal cual es consustancial al concepto de representación, se realiza coincidiendo con el interés del representado.

Por otro lado, es necesario hacer mención expresa a, que el fundamento de la Representación según la Teoría de la Cooperación es la solidaridad humana, y radica en la ayuda espontánea, casual o convenida, por tanto, se entiende que la representación es la colaboración que se presta a la persona que no puede realizar determinado negocio jurídico, en ese sentido, surge un presupuesto o requisito más a la relación representativa: la confianza, y es que la elección o nombramiento del representante se fundan en una serie de circunstancias, dentro de las cuales sobresalen las condiciones personales del elegido. El conocimiento de la actividad que se le encomendará, su honestidad y probidad determinan en muchos casos la elección de uno u otro representante.

En la relación representativa existe un intuito personae, por tanto en el ejercicio normal del poder de representación, el representante tiene el deber de realizar el negocio representativo de manera personal a no ser que se le halla facultado la sustitución, así regulado en el artículo 157 del Código Civil, que señala: “El representante debe desempeñar personalmente el encargo, a no ser que se le haya facultado expresamente la sustitución.”

Por regla el acto representativo es personal, la excepción radica en la sustitución, no obstante se deja sentado que la sustitución no es una facultad que nace del representante sino que le es conferida por el representado; al respecto Vidal Ramírez señala, “Como puede apreciarse, la sustitución es una facultad que el representado confiere expresamente al representante, vale decir, es un poder especial. De no mediar esta facultad y de producirse la sustitución, el representante incurre en responsabilidad y la gestión representativa del supuesto sustituido constituirá una anomalía y configurará una representación sin poder[14].”

Concluimos entonces que por ejercicio normal del poder de representación, se entiende, cuando el representante dispone o transfiere una situación o relación jurídica ajena – del representado -, del cual tiene legitimidad y competencia.

6. EL EJERCICIO ANORMAL DEL PODER DE REPRESENTACIÓN

El ejercicio anormal del poder de representación es denominado también como representación sin poder, y es que el fundamento del actuar del representante se encuentra en el poder. Como refiere Aníbal Torres, “…en la esencia de la representación está el poder, siendo presupuesto necesario para el ejercicio de la representación que el representante en su actuación con los terceros exhiba el nombre del representado y proceda dentro de los límites del poder, por tanto, no es posible la representación directa cuando se carece totalmente de poder[15]” (el subrayado no corresponde al texto original).

Otra doctrina ya citada señala: “Quien sin poder de representación realiza un negocio jurídico en nombre ajeno o acepta que se realice frente a él (representación pasiva), actúa como representante sin poder de representación. Por la falta de poder de representación, el negocio celebrado por o frente al representante no será un negocio del representado[16].”

La representación sin poder o el ejercicio anormal del poder de representación o la falta de legitimidad representativa, como quiera llamársele, asume supuestos distintos los cuales en armonía con cierto sector de la doctrina y en discrepancia con otro[17] podemos enumerarlos en:

a. Exceso en los límites de las facultades conferidas,
b. La violación de las facultades conferidas, y
c. La ausencia de representación o poder

Supuestos que recoge y regula el artículo 161 del Código Civil que señala:
“Artículo 162.-El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros.
También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye.”.

Corresponde ahora analizar cada uno de ellos:


a. Exceso en los límites de las facultades conferidas

El poder de representación, es el acto por el cual el representado legitima el actuar del representante, tal es así que el poder le sirve a éste como instrumento para realizar el negocio representativo, así el ejercicio de las facultades conferidas debe ejercitarse dentro del tiempo concedido por el dominus.

El Código Civil, al referirse al exceso en el límite de las facultades, en realidad se refiere al exceso en los límites temporales del poder, por haberse extinguido, sea por revocatoria o por cumplimiento del plazo, de modo que el representante conociendo o no la revocatoria o al vencimiento del plazo, extiende su actuación más allá de los limites temporales señalados por el representado. Al respecto Messineo refiere[18], “Exceso implica sobrepasar los límites de los poderes, principalmente en sentido cuantitativo, “violación” es obrar en disconformidad con tales poderes, principalmente en sentido cualitativo, esto es, del contenido.”

Entonces, nos queda claro que una de las formas de representación sin poder o del ejercicio anormal del poder representativo, se grafica en el supuesto que el representante celebra el negocio representativo fuera del límite temporal conferido, o lo celebra cuando el poder le ha sido revocado.

b. La violación de las facultades conferidas

Dando por sentado la existencia del poder de representación, otorgado válidamente, y la actuación del representante dentro de los límites temporales, suele suceder que éste celebre el negocio representativo violando las facultades, instrucciones o directrices otorgadas por el representado.

La violación de las facultades se refiere al contenido cualitativo del poder, y se produce con la utilización del poder para una finalidad distinta a la deseada por el poderdante; en función de intereses distintos a los perseguidos por él al otorgar el poder, que pueden o no beneficiarlo. Lo cierto es que, el representante no cumple la disposiciones que le ha sido conferidas, como por ejemplo cuando se le otorga facultades para vender y arrienda o cuando tiene facultades para vender y dona el bien o cuando se le otorga poder para vender por determinado precio o lo vende en otro, en todos estos ejemplos existe una violación de las facultades que se le han otorgado.

c. La ausencia de representación o poder

En sí, se trata de una atribución indebida de poder y se presenta siempre que una persona desarrolla una actuación que en el aspecto externo es representativa, se actúa en interés y a nombre de un representado, sin tener la calidad de representante.

Este supuesto se presenta únicamente cuando no ha existe relación representativa entre el falso representante y el falso representado, y si bien es cierto el representante busca celebrar actos en interés y por cuenta ajena, no es menos cierto que no se encuentra legitimado para ello, pues como se tiene dicho, no existe poder.

Como señala Lohmann Luca de Tena, al referirse al supuesto de falta de poder y el actuar del representante, “…. es aquella persona que, sin autorización de ninguna especie, utiliza el nombre de otro y actúa de manera ficticia como su fuera representante suyo[19]”.

Finalmente, debe quedar claro que este supuesto se presenta únicamente en el caso de no existir una relación representativa, pues no contempla el hecho que existiendo poder de representación este ha sido revocado o se ha extinguido, puesto que estos dos casos se subsumen dentro del supuesto de exceso en los límites de la representación.

7. EFECTOS DE LA REPRESENTACIÓN

Respecto al tema es preciso citar dos artículos de nuestro formante legislativo.

“Artículo 160.- El acto jurídico celebrado por el representante, dentro de los límites de las facultades que se le haya conferido, produce efecto directamente respecto del representado.”

“Artículo 161.- El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiera conferido, o violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a este y a terceros”.

De un vistazo muy simple, por que lectura no lo exige de otra manera, se concluye que, si el representante actúa dentro de los limites de las facultades que se le hayan conferido, es decir actúa en nombre e interés del representado (contemplatio domini), la eficacia del negocio jurídico representativo se desvía a la esfera del representado, como si este hubiera obrado por si mismo.

Sobre el tema Ospina y Ospina señalan: “… los vínculos jurídicos producidos por el acto se atan entre el representado y las personas que negocian con el representante, mientras que la órbita jurídica de este último permanece indiferente, al margen de la operación, lo que se explica suficientemente, por cuanto dicho representante no ha obrado para sí, sino para el representado.[20]

Por otro lado, si el representante no actúa contemplatio domini, es decir ejerce el poder indebidamente, el acto jurídico es ineficaz para el representado – inoponible en realidad - , para entender el porque de dicha consecuencia seguimos a pie juntillas, a Diez- Picazo[21], quien ciertamente toma la exposición de Rivero Hernández, y cita las siguientes teorías:

a.- Teoría de la nulidad: De acuerdo con ella, el negocio del representante sin poder antes de la ratificación del dominus –representado- es inexistente, a falta como está de consentimiento del dominus, que es la auténtica parte contractual.

b.- Teoría de la anulabilidad: De acuerdo con este punto de vista se trata de un acto o negocio anulable, que es claudicante, mientras que la acción de anulación no se ejercite, pero que, en cambio, es como todos los actos anulables, sanable. En este sentido se equiparan o se colocan en paralelo confirmación y ratificación.

Frente a esta postura se ha planteado la diferencia que existe entre ratificación y confirmación, que es la misma diferencia que hay entre negocio anulable y negocio ratificable. El primero, es un negocio que se encuentra completo desde su celebración y al que no le falta ningún elemento; cierto es que en él incide un vicio o defecto, pero como negocio está completo, por eso la sanación del vicio es la confirmación. La ratificación no cumple la misma función. La confirmación es renuncia de la acción de anulación, la ratificación es cosa completamente distinta, es el llenado a posteriori, de un elemento esencial que falta, la voluntad del dominus.

c.- Teoría de la nulidad relativa: Con arreglo a ella, el acto del falso procurador es nulo y no anulable, en cuanto a que es inmediatamente ineficaz, sin que se precise especial impugnación del dominus. Sin embargo, esta nulidad es relativa y no absoluta, en el sentido de que la invalidez depende de la falta del concurso necesario de la voluntad del interesado.

Frente a ello se ha esgrimido que la nulidad es insanable. Lo que desde un principio es nulo no se puede convalidar; se podrá celebrar un nuevo negocio, pero nada más. Todo ello contrasta con la posibilidad de validez y de eficacia que se produce con la ratificación y además, con el efecto retroactivo que normalmente se atribuye a la ratificación.

A esto habría que añadir que aquí se confunden las formas de ineficacia, pues una cosa es nulidad absoluta y otra nulidad relativa o anulabilidad, y estas dos posibilidades ya se han presentado, por lo que esta teoría más que aclarar el panorama, tiende a confundirlo aún más.

d.- Teoría de la eficacia sometida a condición: Las dificultades que ocasionan los puntos de vista de la nulidad y de la anulabilidad han hecho que algún sector doctrinal prefiera limitarse a hablar de eficacia suspendida o de inoponibilidad. El negocio es válido, pero ineficaz, sin eficacia actual, sin la eficacia propia del tipo negocial correspondiente, la cual queda suspendida o condicionada al advenimiento de la ratificación, la cual opera como una condición de eficacia del acto.

El problema que este tipo de razonamiento plantea estriba probablemente en que a la ratificación no se le puede calificar rigurosamente como condición en sentido técnico, ya que no se trata de un evento futuro e incierto al que voluntariamente las partes someten la eficacia del negocio, sino que se trata más bien de una pura conditio iuris, sin perjuicio de que en caso especiales los autores del negocio puedan efectivamente articularla como condición.

e.- Teoría de la oferta: Para los autores que han tratado de seguir este punto de vista el problema se reconduce a los mismos postulados que la conclusión de un negocio entre ausentes. El tercero, al tratar con el representante sin poder no hace otra cosa que transmitir por medio de éste una oferta contractual al dominus y la ratificación por éste de lo hecho por el falsus procurator, no es sino la aceptación de aquella oferta; mientras llega la aceptación, ningún vínculo jurídico existe entre las partes.

d.- Teoría del negocio imperfecto, incompleto o en vías de formación: De acuerdo con esta tesis el negocio del falso procurador es una entidad jurídica inacabada, un negocio imperfecto o incompleto. Es solamente parte de un iter negocial completo, le falta aún el consentimiento del dominus, que es, precisamente la ratificación.

En una tendencia que ha venido arrastrándose desde hace mucho tiempo nuestra jurisprudencia, ha seguido la teoría de la anulabilidad, equiparando la ratificación con la confirmación y concluyendo por tanto que el acto celebrado por el falsus procurator es anulable.

Sin embargo, al margen de los sólidos argumentos en favor o en contra de una u otra tesis, debemos dejar sentada nuestra posición, en el sentido que la teoría de la eficacia sometida a condición explica con bastante acierto el asunto. Evidentemente el acontecimiento que debe sobrevenir para dar eficacia al acto es la ratificación.
Y por tanto concluimos, en opinión que compartimos con un grueso sector de la doctrina[22], que el acto realizado por el falsus procurator es ineficaz respecto del representado, dicho de otra manera no produce efectos jurídicos en la esfera del dominus.

8. LA RATIFICACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO POR LA REPRESENTANTE SIN LEGITIMIDAD REPRESENTANTIA Y LA CONFIRMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO ANULABLE

8.1 La ratificación del negocio jurídico celebrado por el representante sin legitimidad representativa

Nuestro ordenamiento jurídico permite que lo actuado por el representante sin legitimación representativa, pueda tornarse válido y eficaz respecto del representado, claro está si éste lo ratifica, por la ratificación el representado hace suyo el negocio jurídico, al respecto Espinoza Espinoza señala: “La ratificación es un acto jurídico unilateral recepticio con el cual se subsana un acto ineficaz.” [23]

Albaladejo, sobre la ratificación dice: “La ratificación es la declaración unilateral de voluntad recepticia del representado, de querer para sí el negocio que se celebró en su nombre sin poder.[24]

Nuestro Código Civil, regula la ratificación del acto ineficaz, norma que señala:

“Artículo 162.- En los casos previstos por el artículo 161, el acto jurídico puede ser ratificado por el representado observando la forma prescrita para su celebración.
La ratificación tiene efecto retroactivo, pero queda a salvo el derecho de tercero.
El tercero y el que hubiese celebrado el acto jurídico como representante podrán resolver el acto jurídico antes de la ratificación, sin perjuicio de la indemnización que corresponda.
La facultad de ratificar se trasmite a los herederos.”

La ratificación importa otro negocio jurídico, unilateral y recepticio cuya forma debe guardar relación a la solemnidad del acto que pretende ratificarse y, mediante dicho acto el dominus o representado acepta para sí el negocio jurídico celebrado por el falsus procurator; es decir le atribuye efectos jurídicos.

Como bien señala el artículo que comentamos, la ratificación opera de manera retroactiva, en otras palabras, otorga validez al acto desde el momento de la celebración del acto ratificado, esta puede ser expresa o tácita, claro está que como señaláramos anteriormente, la forma debe guardar armonía con el acto a ratificarse.

8.2 La confirmación del acto jurídico anulable

Morales Hervias sobre el negocio jurídico anulable concluye: “La anulabilidad es un mecanismo de protección jurídica para cautelar la libertad y el conocimiento de una parte que participó en la celebración del contrato en una situación de disminución de su voluntad”.[25]

Resulta evidente que cuando hacemos referencia a la confirmación lo hacemos a la posibilidad de subsanar el acto anulable, el cual concede al celebrante que se considere perjudicado con el negocio jurídico a:

1.- Impugnar judicialmente su validez y, por tanto vía la acción de anulabilidad solicitar sea declarada nula.
2.- Dejar transcurrir el plazo prescriptorio, lo que en esencia constituye una renuncia tácita a la acción de impugnación judicial.
3.- Finalmente puede confirmar el negocio jurídico que adolece de una causal de nulidad.

La tercera facultad que tiene la parte afectada con la celebración del negocio jurídico, en puridad constituye el tema que ahora analizamos, facultad que además el formante legislativo contempla, la misma que puede ser expresa o tácita. [26]

Así, la confirmación del negocio jurídico que adolece de anulabilidad, constituye un nuevo negocio jurídico de carácter unilateral, por el cual la parte afectada con la celebración de aquel negocio declara de manera expresa o tácita su intención de renunciar a la acción de anulabilidad ante el órgano jurisdiccional, otorgando total validez y eficacia al negocio jurídico así celebrado.

Torres Vásquez refiere: “La confirmación es una forma de convalidación del acto anulable, por medio de la cual el titular de la acción de anulabilidad manifiesta expresa o tácitamente su deseo de querer la validez y eficacia definitiva del acto anulable. La confirmación encuentra su fundamento en el principio de conservación de toda amenaza de destrucción (acto positivo).[27]

Respecto de la ratificación y la confirmación, autorizada doctrina señala: “De manera tal que la ratificación es una figura destinada a solucionar un problema de manifestación de voluntad, que consiste en que el representante excedió en sus atribuciones, o bien en que alguien asumió una representación que no tenía. La ratificación lo hará, entonces, el representado. La confirmación no tiene que ver con el fenómeno de la representación, sino con la subsanación de otros tipos de vicios en el acto realizado, que lo constituyen en acto anulable.[28]

Se concluye que una cosa es ratificar un negocio jurídico y otra muy distinta confirmarlo, el siguiente cuadro nos permite comprender con mayor claridad las diferencias.


DEFINICIÓN
La ratificación es un acto unilateral y recepticio, por el cual el ratificante hace suya la declaración de voluntad ejecutada por el seudo representante.
La confirmación es un acto unilateral no recepticio, por el cual el confirmante otorga plena validez al acto anulable.

SUJETO
El sujeto de la ratificación no participa en la celebraciòn del negocio jurídico.
La confirmación es la manifestación de voluntad de quien ha concurrido en la celebración del negocio jurídico.

NATURALEZA
La ratificación supone siempre la existencia de un acto válido pero ineficaz para el representado
La confirmación supone un negocio que adolece de un vicio de validez pero que es eficaz.

EFECTO
Por la ratificación el representante hace suyo el negocio celebrado por el seudo representante.
La confirmación suprime la amenaza de la ineficacia posterior del negocio jurídico anulable


9. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA EN TORNO A LA FALTA DE LEGITIMIDAD REPRESENTATIVA:

Como referimos en el presente artículo, nuestra judicatura desde hace mucho tiempo atrás ha venido, respecto de la falta de legitimidad representativa, declarando que se trataría de un acto que adolece de ineficacia estructural o lo que es lo mismo un acto inválido, sancionándolo una veces con nulidad y otras con la anulabilidad, a propósito de ello analizamos una Casación con la cual respetuosamente discrepamos con lo resuelto en ella, citamos entonces algunos de los considerandos que a nuestro juicio resultan relevantes.

Casación : Número 2830-2004
Demandante : Carlota del Carmen Muñoz de Castañeda
Demandado : Financiera Regional del Sur
Fecha : 17 de diciembre del 2004

Octavo.- Que, efectivamente, existen, dentro del Libro segundo del Código Civil peruano vigente, de 1984, dos formas de calificar los vicios que se presentan en el Acto Jurídico, aquellos que responden o se adecuan a una causal de nulidad del acto jurídico y aquellos que responden a una causal de anulabilidad del acto jurídico;
Lo afirmado no es del todo cierto, pues dentro del Libro Segundo del Código Civil además de la nulidad y anulabilidad, categorías de invalidez, existe otra forma de calificar los vicios que se presentan en los Negocios Jurídicos, así por ejemplo se califica como ineficaz los actos de disposición a título gratuito u oneroso por medio del cual el deudor dispone de su patrimonio en perjuicio del crédito de su acreedor, el Fraude del Negocio Jurídico se halla contemplado en el artículo 195, Título VII Fraude del Acto Jurídico, Libro II Acto Jurídico.
Décimo.- Que, de acuerdo con el artículo ciento sesentiuno del Código Civil, el legislador habría omitido establecer si este supuesto normativo, referido a la pretensión de ineficacia por exceso de poder, se encuentra dentro de las causales de nulidad o anulabilidad del acto jurídico puesto que, literalmente, le otorga a las personas la acción de ineficacia del acto jurídico y no las antes aludidas, lo cual también se da en el caso de la acción revocatoria o pauliana…”
Nosotros consideramos que no existe omisión alguna, es más, en forma literal la norma establece que el acto realizado por el falsus procurator es ineficaz y no señala que sea nulo ni anulable; al respecto es bueno recordar que, las causales de anulabilidad son expresas, así lo establece el inciso 4 del artículo 221 del Código Civil, que dice: “El acto jurídico es anulable: 4. Cuando la ley lo declara anulable”.

Concluimos entonces que el Código Civil si impone una sanción al acto o negocio celebrado por el falsus procurator en los supuestos del artículo 161, y que dicha sanción es la de ineficacia y no la de anulabilidad.
Décimo Tercero.- Que, conforme a lo previsto en el artículo ciento sesentiuno del Código Civil que regula la figura del “falsus procurator”, el apoderado o representante, que se excede en las facultades otorgadas, conforme a la regla del artículo ciento sesentiuno del Código Civil, en principio, debe tenerse que el acto celebrado por este resulta un acto ineficaz frente a su representado; pero este puede ratificarlo conforme a la norma del artículo ciento sesentidós del Código sustantivo, de tal manera que solo el representado y no otro puede objetar el acto jurídico efectuado en su nombre, así como también puede ratificarlo, como resulta de una simple interpretación gramatical; en consecuencia, el acto jurídico celebrado por el apoderado excediendo sus facultades es solamente anulable, siendo uno de los supuestos de la ineficacia originaria, también llamada intrínseca o estructural;
En el considerando décimo tercero, los Magistrados señalan; que en principio debe tenerse que el acto celebrado por el apoderado o representante resulta un acto ineficaz frente al representado; pero este puede ratificarlo conforme dispone el artículo 162 del Código Civil, por tanto concluyen que es un acto jurídico anulable; como ha quedado plenamente demostrado una cosa es la ratificación y otra la confirmación.

Nuestros magistrados al concluir que, en el supuesto de falta de legitimidad representativa estamos ante aun acto anulable y no ineficaz, obviamente concluyen que a los dos años conforme dispone el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil, hecho con el cual estamos también en discrepancia, pues no se trata de una acción de anulabilidad sino de una de ineficacia – inoponibilidad, y al ser una acción personal prescribe a los diez años.

10. CONCLUSIONES:

PRIMERA: El poder de representación, no es sino, el poder jurídico que ostenta el representante para actuar en nombre del representado y, constituye además el conjunto de facultades otorgadas por el representado que legitiman el actuar del representante, éste al celebrar el negocio, deberá indicar que obra en nombre del representado circunscribiendo sus tareas a lo dispuesto en el poder de representación, sólo así, el negocio jurídico que celebre es un negocio del representado.

SEGUNDA: Cuando el representante, viola las facultades que se le han otorgado, excede en el límite temporal que se le ha conferido o se atribuye una representación que no tiene, se configura el denominado ejercicio anómalo del poder de representación o falta de legitimación representativa, de modo que el acto o negocio celebrado por el representante no es un negocio del representado, por tanto no produce efectos en su esfera jurídica.

TERCERA: No obstante el representante ejerció de manera anómala el poder de representación o carecía de legitimación representativa, el negocio celebrado por éste, no siendo un negocio del representado, puede ser ratificado, con cuya declaración el representado hace suyo dicho acto o negocio jurídico; se ratifica pues un negocio o acto jurídico válido pero ajeno, la ratificación produce al acto o negocio los mismos efectos que si inicialmente hubiera sido ejecutado con poder.

CUARTA: La confirmación como manifestación de voluntad, constituye la convalidación de un negocio o acto que adolece de un vicio de invalidez, en puridad de un acto o negocio jurídico anulable, y es una facultad que la ley confiere al celebrante del negocio jurídico perjudicado y supone la renuncia a la acción de anulabilidad, evitando que judicialmente el acto anulable sea declarado nulo.

QUINTA: En el negocio o acto jurídico celebrado por el falsus procurator (hacemos referencia a los tres supuestos), el representado es un tercero y por tanto el acto celebrado le es inoponible, es decir los efectos del contrato no afectan su esfera jurídica.
SEXTA: El exceso del representante en el ejercicio de las facultades otorgadas configura un supuesto de ineficacia en sentido estricto y no uno de invalidez, denominado por la doctrina nacional y extranjera como inoponible, así, el negocio jurídico celebrado por el supuesto representante con el otro celebrante, aún cuando válido y eficaz entre estos, no produce efectos jurídicos en la esfera del supuesto representado.
SÉTIMA: La pretensión de ineficacia a que se refiere el artículo 161 del Código Civil, no es la de un acto que adolece de ineficacia estructural o invalidez, por tanto no es nulo ni anulable, sino, se trata de un acto ineficaz en sentido estricto denominado por la doctrina como inoponibilidad, de modo que nos queda claro que tiene autonomía propia, aspecto que nunca ha sido cuestionado ni por la mejor doctrina nacional ni extranjera.
* Magistrado Titular de la Corte Superior de Justicia del Cusco, Magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, egresado e la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la UNMSM, profesor en Derecho Civil de la Academia de la Magistratura y de Acto Jurídico en la Universidad Tecnológica de los Andes – Cusco.
* Gracias a Yossi Alvarez Tito y Norca Orosco Huillcahuamán, por su apoyo en la realización del presente artículo.
[1] Artículo 1354 del Código Civil: Libertad contractual. “Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo.”
[2] Artículo V del Título Preliminar del Código Civil: Nulidad del acto jurídico contrario al orden público. “Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres.”

[3] LARENZ, Karl, Derecho Civil, Parte General, Traducción y notas de Miguel Izquierdo y Macías – Picavez, de la Tercera Edición original alemana de 1975, Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1978, p. 756
[4] FLUME, Wemer, El Negocio Jurídico, Traducción de José María Miquel Gonzáles y Esther Gómez Calle, Cuarta Edición, no modificada, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998, p. 875.
[5] MORALES HERVIAS, Rómulo, Estudios sobre Teoría General del Contrato, Primera Edición, Grijley, Lima 2006, p.511
[6] DIEZ – PICAZO, Luis, La Representación en el Derecho Privado, Primera Edición, Civitas, Madrid 1979, p. 60
[7] MORALES HERVIAS, Rómulo, op.cit. p.500
[8] FLUME, Wemer op.cit p.909
[9] LARENZ, Karl, op.cit. p. 797
[10] FLUME, Wemer, op.cit. p.915
[11] ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil, Decimosexta Edición, Edisofer, Madrid 2004, p. 804
[12] TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Acto Jurídico, Segunda Edición, IDEMSA, Lima 2001p. 378

[13] LARENZ, Karl, op.cit. p. 792. En ese mismo sentido véase TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, ob.cit. p. 370, ALBALADEJO, Manuel, op.cit. p. 828, LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo, El Negocio Jurídico, Segunda Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima 1994, p. 214.
[14] VIDAL RAMÍREZ, Fernando, El Acto Jurídico, Cuarta Edición, Gaceta Jurídica editores, Lima 1999, p.210
[15] TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, op.cit. p. 370
[16] FLUME Wemer, op.cit. p.930
[17] ALBALADEJO, Manuel, op.cit. p. 827. “Según lo que llevamos ya visto, queda claro que cuando se habla de representación sin poder, se alude a haberse celebrado un negocio representativo sin poder bastante para ello. Lo que ocurre cuando: 1° Nunca existió poder. 2°Existió pero este ya se extinguió. 3° Existe, pero no comprende el negocio celebrado”. MESSINEO, Francesco, op.cit. p. 426. “En el desarrollo de la actividad, el representante – además de no hacer saber a los terceros que obra en nombre del representado – puede: A) Excederse de los poderes que se le han conferido, o violar la procura; B) o bien obrar, cuando no es ya representado; C) o bien obrar sin haber sido – nunca – representante; D) o bien encontrarse en conflicto de intereses con el representado; E) o bien (caso de la representación legal) obrar sin las necesarias formas habilitantes”. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, op.cit. p. 370 “… no es posible la representación directa cuando una persona se presenta al exterior atribuyéndose una representación de la que realidad carece (falsus procurator – representante falso -), o cuando teniendo poder el representante se excede en los límites de su contenido, atribuyéndose facultades que no le han sido conferidas o violando las otorgadas, o bien se excede los límites temporales del poder por haberse extinguido.” En la misma línea VIDAL RAMÍREZ, Fernando, op.cit. p. 224
[18] MESSINEO, Francesco, op.cit. p. 426.
[19] LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo, op. cit. p. 211
[20] OSPINA FERNÁNDEZ Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo, Teoría General del Contrato y de los demás Actos o Negocios Jurídicos, Cuarta Edición, Editorial Temis, Santa Fe de Bogota 1994.
[21] DIEZ PICAZO, Luis, op.cit. p. 218
[22] ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil, op.cit. p. 828. “Ahora bien, el negocio representativo celebrado sin poder es un negocio menos sólido que el celebrado con él, porque: 1°Si bien no es un negocio nulo ni anulable, sino válido, es, sin embargo, ineficaz para aquél en cuyo nombre se ha concluido. 2° Es un negocio revocable, antes de la ratificación por el tercero que lo celebró con el representante.” MESSINEO, Francesco, op.cit. p. 426. “a) Ninguna eficacia vinculante, respecto del representado, despliega la actividad del representante desarrollada excediéndose de los poderes que se le han conferido, o con violación de la procura. continúa el autor. Sin embargo, el negocio realizado por el representante en las circunstancias que acabamos de indicar, no es nulo, está solamente suspendida su eficacia”. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, op.cit. p. 370 “… En todos los casos de falta o exceso de poder no es posible que actué el mecanismo de la representación, por lo que el acto llevado a cabo por el falso representante no es susceptible de producir efectos para el dominus, o sea, es ineficaz para él. Nótese que, según la norma del artículo 161, el acto realizado por el falsus procurator no es nulo (acto que no produce ningún efecto) ni anulable (acto que produce efectos mientras no sea declarado judicialmente nulo), sino solamente ineficaz únicamente para el dominus. En otros términos, el acto concluido por el falsus procurator es inoponible al dominus.” LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo, op.cit p. 214. “El negocio, pues, es lisa y llanamente ineficaz o inoponible para el representado mientras no lo ratifique, lo que equivale a decir que es como si, para él, no se hubiera celebrado.” MORALES HERVIAS, Rómulo, op.cit. p.501 “Nótese que en los tres supuestos el contrato es válido y eficaz entre el representante o supuesto representante con el tercero pero ineficaz frente al representando o supuesto representado.”
[23] ESPINOZA ESPINOZA, Juan, “Acto Jurídico Negocial”, Gaceta Jurídica, Primera Edición, Lima 2008, P.164
[24] ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil, op.cit. p. 829.
[25] MORALES HERVIAS, Rómulo, op.cit. p. 558
[26] Artículo 230 del Código Civil.
“Salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado pro la parte a quien corresponda la acción de anulación, mediante instrumento que contenga la mención del acto que se quiere confirmar, la causal de anulabilidad y la manifestación expresa de confirmarlo.”
Artículo 231 del Código Civil.
“El acto queda también confirmado si la parte a quien correspondía la acción de anulación conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si existen hechos que inequívocadamente ponga de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad”.
[27] TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, ob.cit, p.719
[28] RUBIO CORREA, Marcial, “Nulidad y Anulabilidad La Invalidez del Acto Jurídico”, Vol. IX Biblioteca PARA LEER EL CÓDIGO CIVIL, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Sexta Edición 2003, p. 44

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